Son varios los tratados internacionales ratificados por España
llamados a proteger a la Infancia y a asegurar que nuestra legislación va
acorde con la de los otros países de nuestro entorno.
Por ejemplo, en el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción Internacional (La Haya, 29 de mayo de 1993), se establecen las garantías para que las adopciones internacionales respeten los derechos de los niños reconocidos por el derecho internacional.
Por lo tanto, se instaura un sistema de cooperación entre los estados que intervengan que asegure el respeto a estas garantías y de esta manera, se prevenga: la sustracción, venta y tráfico de niños.
Discapacidad en la Infancia
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006 tiene como objetivo regular y proteger los derechos de todas las personas con alguna discapacidad para que gocen de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Se define a las personas con discapacidad aquellas “que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”
De esta manera, los estados que lo ratifican, se comprometan a: que los niños con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todo lo que les afecte, su opinión sea considerada igual que la de otros niños, y reciban la asistencia apropiada a cada caso que asegure que pueden ejercer este derecho.
Explotación y abuso sexual
Otro tratado internacional importante y vital en la actualidad es el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Lanzarote 25-10-2007) que, como se puede intuir, tiene como objetivo prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual en los niños, proteger sus derechos y promover la cooperación internacional para evitar su explotación.
Por lo tanto, en virtud de este Acuerdo, cada Estado que los suscriba se compromete a:
- Adoptar las medidas necesarias para evitar la explotación
- Promover la sensibilización en cuanto a
protección de los derechos de la Infancia a todas las personas que traten con
niños de una manera habitual
- Adoptar las medidas necesarias para que los niños reciban
información sobre la explotación para que se puedan proteger.
- Garantizar la coordinación entre los poderes públicos
para evitar la explotación.
- Adoptar las medidas necesarias para prestar
asistencia a las víctimas.
Fuente: Irene Arce Fernández. Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias (2017)
